Después de cinco años trabajando extensamente con el EITI y visitando muchos países que utilizan el EITI para contribuir a mejorar la gestión de sus industrias extractivas, he llegado a la conclusión de que son muchos los logros que el EITI ha alcanzado en los últimos años. No obstante, puesto que nuestro objetivo es mejorar la gestión de estos recursos en beneficio de las personas que viven en países ricos en recursos, todavía queda mucho por hacer.
El EITI ha evolucionado desde una serie de normas limitadas sobre la conciliación de los ingresos a un Estándar que abarca todos los aspectos de la cadena de valor del sector extractivo, desde la concesión de licencias y los acuerdos contractuales hasta las operaciones de las empresas estatales y una mejor rendición de cuentas sobre la gestión y el gasto de los ingresos. En 2015, 37 de los 49 países miembros elaboraban Informes EITI. Que cada uno de estos informes se centre en las prioridades propias del país es sin duda un avance que debemos aplaudir. Esta creación de informes ha conducido a un debate más informado y a algunas reformas claras en los países implementadores. Las actitudes y prácticas sobre cuestiones como la transparencia de los contratos, los beneficiarios reales y el comercio de mercancías han cambiado rápidamente; por otro lado, se ha generado un entorno de confianza y cooperación para conseguir un mayor consenso sobre la agenda de reformas.
A lo largo de estas semanas previas a la conferencia, compartiré mis ideas sobre los cinco retos que considero especialmente importantes de cara al futuro. Empiezo hoy comentando la necesidad de integrar mejor la creación de Informes EITI en sistemas de gobierno transparentes y robustos, en lugar de duplicar informes ya existentes. Seguidamente, trataré la manera en la que debemos esforzarnos por convertir las recomendaciones en reformas; cómo podemos avanzar a la hora de comunicar quiénes son los titulares de las empresas y quiénes las personas que se benefician; la necesidad de mejorar la participación de los gobiernos implementadores, los parlamentos y los ciudadanos; y, finalmente, algunas de las dificultades relativas a la gobernanza del propio EITI.
Cada año, se destinan cerca de 50 millones de USD a la implementación del EITI en todo el mundo. Esto incluye centenares de miles de millones de dólares de ingresos y otro tipo de información sobre el sector extractivo en nuestros 50 países miembros. Actualmente los informes son más exhaustivos que antes y resultan más comprensibles para los ciudadanos interesados.
Sin embargo, no debemos caer en la tentación de imponer requisitos cada vez más engorrosos a nuestros países miembros, ni generar informes EITI cada vez más detallados pero utilizados por muy pocas personas. El EITI no es un fin en sí mismo sino un medio de lograr reformas y una mejor rendición de cuentas en los países miembros. Algunos Informes EITI se han detallado hasta el absurdo, mientras que otros son inaceptablemente costosos en comparación con el tamaño del sector y los pagos realizados por el país. La presente era de precios mucho más reducidos de las mercancías está imponiendo nuevos retos que hacen que la agenda de reformas sea todavía más urgente, y el EITI debe contribuir a impulsarla.
Debe evitarse a toda costa duplicar Informes EITI con información que ya está disponible en alguna otra parte. En Noruega, el proceso de conciliación no ha revelado ninguna discrepancia durante los últimos seis años. Nadie pone en duda las cifras, por lo cual exigir un Informe EITI sabiendo lo caro que resulta no es la mejor manera de hacer uso del tiempo o del dinero. En Timor-Leste, el gobierno facilita divulgaciones mensuales en línea en el sitio web de la Autoridad Nacional del Petróleo (http://www.anp-tl.org/), por lo cual no tiene sentido elaborar un Informe EITI que repita las cifras en una fecha posterior. Otros países como Kazajstán, Mongolia y Sierra Leona, han conseguido crear eficazmente un repositorio de datos en línea, donde publican la información necesaria de una forma más oportuna, accesible y atractiva que en largos informes tabulares del EITI.
El EITI debe intentar garantizar que la transparencia sea significativa. Obviamente, los informes deben seguir exigiendo información independiente cuando esta no esté disponible de otra forma, pero si existen información y sistemas fiables, los informes deben apuntar a la información, resumir su importancia y comentar el reto que supone gestionar los recursos en beneficio de las personas. Incorporar la transparencia en los sistemas nacionales ayudará a integrar la transparencia permanente y a lograr que el proceso EITI sea menos costoso y más útil.
Un EITI que funciona eficazmente no debe medirse por el número de informes o su volumen de páginas ni por las cantidades invertidas en la implementación, sino por el éxito del proceso en cuanto a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de gobiernos y empresas.
El acuerdo alcanzado en Sídney para garantizar que los Informes EITI incluyeran toda la cadena de valor fue fundamental para asegurarse de que la transparencia dé pie a la reforma y una mejor rendición de cuentas. De todos modos, existe el peligro de que ahora se pida a los países facilitar informes más detallados, difíciles y costosos. Próximamente, habrá la necesidad de centrarse más firmemente en alentar a los países a integrar la creación de informes en sistemas de gobierno transparentes. El EITI debe escuchar y aprender de la experiencia de los países miembros y no intentar dictar desde la distancia sin tomar en cuenta plenamente la experiencia sobre el terreno.
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